- La transición energética toma fuerza con un 80 % más de licencias para energías limpias aprobadas en este Gobierno.
- Más de 93.000 millones se han aprobado para compensación ambiental para la protección de ecosistemas y territorios.
- Al evento se conectaron cerca de 300 participantes, en la transmisión realizada el canal oficial de YouTube de la ANLA.
Bogotá, 12 de mayo de 2026. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional 2026, en la que presentó a la ciudadanía los principales avances, resultados y retos de su gestión entre el 1 de julio de 2025 al 30 de abril de 2026.
La directora general de la ANLA, Irene Vélez Torres, destacó el histórico avance del licenciamiento de energías limpias bajo la actual administración. Este incremento del 80 % en las licencias otorgadas durante el cuatrienio se traduce en un 70% más de energía limpia para el país, lo que evitará la emisión de aproximadamente 3.5 millones de toneladas de CO2 equivalente.
“La transición energética es una directriz clara desde el primer día del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido un gran esfuerzo el que han hecho las instituciones para cumplir con ese mandato popular. Las cifras no son datos menores y revelan un crecimiento exponencial en lo que ningún otro Gobierno ha tenido tanta eficacia para acelerar este proceso”, comentó Irene Vélez, directora de la ANLA.
Bajo la premisa de “sin transmisión no hay transición”, la directora resaltó que durante este Gobierno se consolidó la infraestructura que conecta y transporta energía al país, con un aumento del 500 % en los kilómetros de líneas de transmisión licenciados en comparación con el gobierno anterior.
Otro de los hitos de la transición energética justa son los decretos LASolar y LaEólica, resultado del trabajo conjunto entre ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Minas y Energía. Ambos decretos reducirán los tiempos de licenciamiento en un 70% para los proyectos fotovoltaicos de 10MW hasta 100MW, sin perder rigor técnico.
Con LASolar y LaEólica, este Gobierno atendió una necesidad histórica del país: destrabar proyectos estratégicos de energías renovables que durante años enfrentaron procesos largos, cargas documentales excesivas y tiempos de evaluación que no respondían a la urgencia climática y energética que hoy vivimos.
Diana Hurtado, subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales, destacó el desempeño sobresaliente en la atención oportuna de las solicitudes de licenciamiento ambiental, atendiendo con efectividad un 100% de las solicitudes en 2026. En su intervención resaltó la incorporación de 2 Gigavatios al Sistema Interconectado Nacional con 12 proyectos solares y eólicos, solo en 2025.
Subrayó, además, la importancia de la articulación institucional, mediante activaciones de mecanismos como el Consejo Técnico Consultivo para proyectos como el Alacrán, que permitió tener una evaluación robusta en cuanto aspectos específicos como el reasentamiento de la comunidad.
En materia de control y seguimiento a los proyectos vigentes, Camilo Rincón subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales destacó un aumento del 30% en las visitas de verificación en campo frente a la administración anterior. Como resultado de este riguroso monitoreo, se impusieron 49 sanciones, cifra que representa un incremento cercano al 270% respecto al promedio anual del periodo previo.
Por otro lado, Jorge Sanabria, subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites ambientales, resaltó la evaluación de 38.420 certificaciones, permisos y trámites ambientales, de los cuales 5.154, corresponden a Certificaciones por Emisiones por Prueba Dinámica.
Por su parte, Luz Dary Carmona, subdirectora de Mecanismos y Participación Ciudadana Ambiental resaltó la consolidación de una gestión territorial incidente. Esto se reflejó en la realización de cuatro espacios de participación ampliada, dos diálogos territoriales, cuatro Audiencias Públicas Ambientales y el reconocimiento de 449 terceros intervinientes. Adicionalmente, resaltó la formación de 30 líderes indígenas wayúu de La Guajira, en la Escuela de Gobernanza Ambiental.
A nivel internacional, se ratificó el liderazgo técnico de la ANLA al asumir la Presidencia Pro Tempore de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA) y de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (REDLAFICA).
Por último, en materia jurídica, Andrea del Pilar Verdugo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica definió los principales logros reportó una tasa del 94% de éxito procesal, ahorrándole a la entidad pretensiones que ascendían a más de 194.000 millones. Adicionalmente, aumentó el recaudo de procesos de cobro coactivo, por más de 10.000 millones y se impusieron 130 sanciones que equivalen a más de 86.000 millones.
A estos hitos se sumó la Oficina Asesora de Planeación, quien en cabeza de Cristobal Ruiz Torres, destacó la optimización del plan de acción institucional, cuyo avance es de más del 98% en 2025, el fortalecimiento del sistema integrado de gestión, la consolidación del Manual Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con un 99,38% y la gestión de los programas de Transparencia, Ética Pública, y Riesgos.
“Este Gobierno cumple con dignidad. Desde la ANLA, hemos dado pasos firmes hacia una verdadera gobernanza ambiental, fortaleciendo el control de los impactos que los proyectos pueden generar sobre la naturaleza. Lo hemos hecho de la mano de las comunidades, convencidos de que solo es posible avanzar con ellas, donde la licencia ambiental no es un cheque en blanco, sino un pacto de respeto absoluto por los ecosistemas y la soberanía de nuestra gente y sus territorios”, afirmó Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA.
Con estos resultados, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el servicio público de calidad. La entidad agradece a los ciudadanos y actores sociales que participaron en este ejercicio de rendición de cuentas, cuya contribución es fundamental para fortalecer la gestión ambiental y avanzar en el desarrollo sostenible del país.
