- 3,8 GW en energías renovables licenciados en tres años del Gobierno del Cambio.
- $110 mil millones en sanciones y un 56 % más de visitas para control ambiental.
- El evento reunió a cerca de 300 participantes, tanto de manera presencial como virtual.
Bogotá, 11 de septiembre de 2025. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional 2025, en la que presentó a la ciudadanía los principales avances, resultados y retos de su gestión entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
“Este Gobierno cumple con dignidad. Desde la ANLA hemos dado pasos firmes hacia una verdadera gobernanza ambiental, fortaleciendo el control de los impactos que los proyectos pueden generar sobre la naturaleza. Lo hemos hecho de la mano de las comunidades, convencidos de que solo es posible avanzar con ellas y desde los territorios”, afirmó Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA.
La directora general de la ANLA, Irene Vélez Torres, destacó además la reingeniería institucional adelantada para responder a la nueva realidad energética, con hitos como la creación del Grupo de Transición Energética Justa, la transformación del Grupo de Hidrocarburos en el Grupo de Hidrocarburos y Energías del Subsuelo, la incorporación de la inteligencia artificial en procesos de evaluación y seguimiento.
La Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales creó el Grupo de Trabajo de Transición Energética Justa para agilizar la evaluación de proyectos de energías renovables. Además, amplió el alcance del Grupo de Hidrocarburos para incluir el hidrógeno y la geotermia, denominándose ahora Grupo de Hidrocarburos y Energías del Subsuelo. También avanzó en la unificación de criterios técnicos para la toma de decisiones y otorgó licencias a proyectos de energía solar fotovoltaica que suman 1.385 MW en Risaralda, Córdoba, Cesar, Bolívar, Huila y Sucre.
Por su parte, la Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales realizó requerimientos a los 2.784 expedientes activos a través de 3.019 actos administrativos, en los que implementó tecnología de punta para el análisis geoespacial, lo que permitió la toma de decisiones basadas en una visión integral del territorio. Asimismo, fue articuladora en la protocolización de 395 consultas previas con comunidades indígenas en La Guajira, en cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016.
En este marco, la Subdirección aprobó compensaciones ambientales por un valor aproximado de 10.900 millones de pesos. También fortaleció el seguimiento a los proyectos de explotación carbonífera en el Cesar, en etapa de cierre minero, identificando posibles usos post-minería.
La Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales resolvió 3.042 solicitudes de evaluación y realizó 1.084 seguimientos a permisos otorgados. También culminó y actualizó 12 instrumentos en el marco del Plan de Acción Institucional y avanza en la formulación de otros 19. Adicionalmente, se logró la regionalización del 65% del área licenciada del país y se implementaron 19 tableros de control, diagnósticos socioambientales y herramientas digitales para fortalecer la toma de decisiones en licenciamiento y seguimiento.
La participación ciudadana fue un eje central de la gestión. Se llevaron a cabo 210 ofertas institucionales con la participación de 1.166 personas, junto con espacios ampliados, diálogos territoriales, avanzadas y pilotos de enfoques diferenciales. Se realizaron cinco audiencias públicas ambientales en proyectos de energía, hidroeléctricos e hidrocarburos, se reconocieron 95 terceros intervinientes y se participó en 176 convocatorias de consulta previa. En La Guajira, las acciones interinstitucionales fortalecieron la participación comunitaria en proyectos de energías renovables y líneas de transmisión. Además, se puso en marcha la estrategia de transformación de la conflictividad socioecológica, que permitió identificar 217 expedientes, emitir 16 alertas y desarrollar 98 mesas de análisis y gestión.
En el ámbito jurídico, la ANLA informó que no tiene procesos sancionatorios ambientales con más de 15 años, por lo que no debe formular el plan de descongestión de la Ley 2387 de 2024 (modificatoria de la Ley 1333 de 2009). Además, en calidad de representante de la víctima ambiente sano, participó en la primera condena penal contra una persona natural por delitos de daño en recursos naturales y contaminación por residuos peligrosos, con pena de 47 meses de prisión, multa de 238 SMLMV e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por igual término. Actualmente avanza el Incidente de Reparación Integral para garantizar la reparación de las víctimas y del medio ambiente.
Con estos resultados, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el servicio público de calidad. La entidad agradece a los ciudadanos y actores sociales que participaron en este ejercicio de rendición de cuentas, cuya contribución es fundamental para fortalecer la gestión ambiental y avanzar en el desarrollo sostenible del país.
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